Relación México-Unión Europea en un mundo fragmentado

1. Introducción

El mundo contemporáneo está pasando por un proceso de reconfiguración radical, caracterizada por la emergencia de nuevos polos de poder y potencias emergentes, la pérdida relativa de hegemonía de Occidente (Todd, 2024), la crisis de las instituciones multilaterales y el retorno de lógicas de competencia entre grandes potencias (Sciutto, 2024), en tensión con el intento de reposicionamiento geopolítico y hegemónico de los Estados Unidos. En este contexto, México y la Unión Europea enfrentan distintas tensiones en la disputa geopolítica global, marcada por la fragmentación política (Foro Económico Mundial, 2023) o de la desglobalización (Lo Brutto y Domínguez, 2020), que afecta los procesos multilaterales, pone en entredicho el orden internacional basado en reglas y deteriora la democracia y el desarrollo sostenible. El Acuerdo Global modernizado entre México y la Unión Europea, concluido en enero de 2025 y pendiente de ratificación en 2026, podría constituir un mecanismo estratégico para afrontar las tensiones fragmentarias del sistema internacional contemporáneo, que parece encaminarse hacia un orden cada vez más multipolar o policéntrico (Amin, 1985).

Desde una perspectiva teórica basada en el análisis del sistema-mundo y los estudios críticos de las relaciones internacionales, este trabajo parte de la hipótesis de que, al profundizar la interdependencia económica, el diálogo político y la cooperación multilateral, el Acuerdo Global modernizado de 2025 entre México y la Unión Europea podría mitigar los riesgos de fragmentación geopolítica entre ambas partes y contribuir a la transición hacia un orden multipolar más equilibrado y cooperativo. Metodológicamente, se aborda el acuerdo como un fenómeno inserto en las dinámicas estructurales del sistema-mundo contemporáneo, más allá de los intereses nacionales inmediatos, permitiendo observar cómo actores de rango medio pueden modelar entornos normativos y estratégicos. El objetivo de este texto es analizar el papel que juega la modernización del acuerdo en el marco de la transformación del sistema-mundo contemporáneo, identificando sus alcances y límites como herramienta geopolítica. Así, el aporte principal de este trabajo radica en ofrecer una lectura crítica y estructural de las relaciones México-Unión Europea, entendidas no sólo como vínculo bilateral, sino como expresión de alianzas interregionales estratégicas ante la crisis y fragmentación del orden mundial liberal.

Ante ello, el texto se divide en seis apartados que permiten comprender, desde una perspectiva crítica, los desafíos contemporáneos del vínculo birregional. En primer lugar, se examina la creciente fragmentación del orden global, evidenciada por el declive del multilateralismo liberal, el retorno de la geopolítica y la emergencia de nuevos polos de poder, lo que ha llevado a una redefinición de las jerarquías y dinámicas del sistema internacional. El segundo apartado da cuenta de la evolución de la relación México-Unión Europea en el siglo XXI, enfocándose en sus dimensiones política, económica y de cooperación, así como en las oportunidades y tensiones que han marcado su devenir. La tercera parte da cuenta de la política de la Unión Europea hacia México. En la cuarta sección se hace una reflexión sobre el cambiante contexto geopolítico actual en el que se desarrollan México y la Unión Europea. En el quinto apartado se aborda el Acuerdo Global México-Unión Europea como instrumento clave de acercamiento estratégico, evaluando su adaptación frente a un mundo cada vez más fragmentado, competitivo y condicionado por las rivalidades geoeconómicas contemporáneas. Finalmente, en la sexta parte, se concluye reflexionando sobre los retos y perspectivas futuras de esta relación en el actual momento de crisis.

2. Fragmentación del orden global y redefinición de las relaciones de poder

La literatura académica suele situar la fase de mayor expansión y politización de la globalización en las décadas de 1980-1990, cuando las reformas neoliberales, junto con la revolución en las tecnologías de la información, la comunicación y el transporte, impulsaron una profunda reestructuración de las cadenas productivas y ampliaron de manera exponencial los flujos comerciales, financieros y comunicacionales a escala mundial (Ianni, 1996; Martín-Cabello, 2013). Todo ello fue cristalizando una “globalización autoasumida” (Therborn, 2012), que se desplegaba y justificaba bajo la promesa de la integración de los mercados y constitución de una “aldea global” en convergencia y prosperidad. Sin embargo, en realidad, el proceso de globalización neoliberal terminó por consolidar dependencias estructurales y asimetrías distributivas, así como tecnológicas, provocando vulnerabilidades fiscales y productivas en los eslabones periféricos de las cadenas globales (Stiglitz, 2002; Piketty, 2013). Esto alimentó nuevos nacionalismos y procesos de resistencia, que se radicalizaron luego de la crisis de 2008 y la pandemia de 2020, las cuales pusieron en evidencia las fallas de la autorregulación de mercados y la insuficiencia de la gobernanza transnacional, dando pie a un proceso de fragmentación o desglobalización.

El estado actual del debate sobre fragmentación y desglobalización sostiene que lo que observamos no es un retroceso lineal de la integración, sino una recomposición geoeconómica y normativa caracterizada por políticas selectivas de re-localización (reshoring/nearshoring), controles sobre capital y tecnología, y el retorno condicionado del activismo estatal en sectores estratégicos (Pietrobelli y Seri, 2023). Esta reconfiguración obedece a factores combinados, como la redistribución relativa del poder productivo con el ascenso de China y otras potencias emergentes, el aprendizaje general de las vulnerabilidades sistémicas tras las crisis que han llevado a la revalorización de la seguridad económica de los Estados Unidos o el intento de “autonomía estratégica” de la Unión Europea (Bouin, 2018). En estas condiciones la fragmentación se traduce en la pluralización de centros de acumulación de capital y como la tensión entre la cooperación funcional necesaria para sostener cadenas de valor complejas, con procesos de desconexión selectiva, con políticas de cierre intermitentes que buscan evitar los riesgos sistémicos. Dichas dinámicas reabren el debate teórico sobre la resiliencia del multilateralismo frente a conflictos intercentros y presiones domésticas (Ikenberry, 2011) que apuntan a una transición hacia un mundo cada vez más policéntrico (Amin, 1985).

Este escenario dificulta a los gobiernos conciliar las presiones internas con los compromisos externos, como bien observaba Robert Putnam en la configuración de la política exterior de los Estados como un proceso de negociación simultánea entre el ámbito doméstico y el internacional (Putnam,1988). Desde esta perspectiva, el sistema político global se comprende como una estructura en transformación permanente, caracterizada por la pluralidad de actores, la diferenciación funcional y la reconfiguración de jerarquías de poder (Attinà, 1999). En ese panorama, la coexistencia de múltiples polos de poder puede llevar a una disputa estructural contra la centralidad hegemónica del capitalismo global liderado por los países más industrializados del Norte, particularmente por los Estados Unidos, y por eso según Amin se puede pensar en las posibilidad de trayectorias autónomas de desarrollo, con la articulación de bloques regionales alternativos y la erosión del monopolio decisorio de las potencias centrales en un mundo policéntrico, es decir con múltiples centros de acumulación y toma de decisiones a escala mundial (Amin, 1985). De este modo, se tensionan las asimetrías estructurales que condicionan tanto los márgenes de maniobra domésticos como la capacidad real de los Estados periféricos en un orden internacional en transición.

Por eso, la redefinición de las relaciones de poder es ambivalente; nuevos acuerdos comerciales, políticas industriales y redes de cooperación Sur-Norte pueden crear márgenes de autonomía relativa y oportunidades redistributivas si se articulan con políticas fiscales e industriales activas, pero sin transformaciones estructurales en las relaciones de producción y propiedad, esos mismos instrumentos tenderán a reproducir jerarquías centro-periferia bajo nuevos formatos contractuales (Harvey, 2005; Wallerstein, 2015). Por tanto, la fragmentación actual no equivale automáticamente a una democratización del sistema-mundo, porque para devenir en reequilibrios reales exige estrategias concertadas que conecten la renegociación de reglas comerciales, fiscales y tecnológicas con capacidad estatal redistributiva. Esto depende decisivamente de la existencia de alianzas internacionales que prioricen la transferencia tecnológica, el financiamiento climático y la incorporación de cláusulas de desarrollo inclusivo, como busca hacerlo la relación entre México y la Unión Europea.

3. La relación méxico-unión europea en el siglo XXI

Hasta la primera mitad del siglo XX, México trató de equilibrar sus relaciones internacionales, buscando vínculos diplomáticos y comerciales, con algunas potencias europeas.¹ Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, la política exterior de México quedó orientada principalmente hacia Estados Unidos y América Latina, aunque nunca perdió las relaciones diplomáticas activas que había establecido con buena parte de los países de Europa Occidental (Seara, 1985). En este periodo, Europa experimentaba su proceso de reconstrucción y unidad, que desembocó en la creación de las Comunidades Europeas, precursoras de la Unión Europea. Durante este periodo, el interés de México parece haberse centrado en estrechar lazos sobre todo con Alemania, Francia, Italia y España. A través de acuerdos bilaterales y visitas de alto nivel, México promovió la cooperación científica, técnica y cultural con estos países europeos.

La relación formal entre México y la Unión Europea se consolidó a partir de la creación de esta última en 1992 con el Tratado de Maastricht, ratificado en 1993. En un contexto global marcado por la globalización y la apertura comercial, ambas partes encontraron intereses convergentes; México buscaba diversificar sus relaciones exteriores más allá del eje Estados Unidos-TLCAN, mientras que la Unión Europea impulsaba alianzas estratégicas con América Latina. En 1997 se firmó el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global), que entró en vigor en 2000, convirtiendo a México en el primer país latinoamericano en firmar un tratado de esa naturaleza con el bloque europeo (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2016). Desde entonces, la relación ha evolucionado hacia una asociación estratégica integral, con diálogos políticos de alto nivel, cooperación técnica y cultural, y un intercambio económico significativo, actualmente en proceso de renovación mediante un acuerdo modernizado aún pendiente de ratificación. En la siguiente Tabla se pueden ver los principales acuerdos entre México y la Unión Europea desde la década de 1990.

Como se puede ver en la tabla anterior, la relación México-Unión Europea ha estado marcada por el desarrollo progresivo de una asociación estratégica que combina comercio, diálogo político y cooperación internacional, lo cual fue institucionalizado con el Acuerdo Global México-Unión Europea a finales de la década de 1990. Desde entonces, los gobiernos mexicanos han buscado consolidar su papel como socios confiables para los europeos, mediando con el resto de América Latina, promoviendo intereses comunes en foros multilaterales y fortaleciendo vínculos en temas como cambio climático, democracia y desarrollo sostenible. Por eso, la modernización del Acuerdo Global reflejó una necesidad de actualización frente a los cambios en el contexto económico global y la evolución de las prioridades políticas y normativas en el primer cuarto del siglo XXI.

En los dos últimos sexenios, el vínculo entre México y la Unión Europea ha mostrado tanto avances como tensiones. Con López Obrador, aunque se concluyeron las negociaciones técnicas del Acuerdo Modernizado, la firma y ratificación quedaron estancadas por razones tanto técnicas como políticas. Las prioridades nacionalistas del gobierno, especialmente en temas energéticos, generaron cierta cautela en Bruselas, aunque se mantuvieron activos los canales de cooperación en educación, ciencia y derechos humanos. Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, México ha reforzado la relación con Europa, particularmente por su énfasis en la transición energética, la justicia climática y el multilateralismo progresista, que son áreas clave para la agenda europea. Por tanto, estos dos últimos sexenios representan un punto de inflexión, en el sentido que el primero marcó una pausa y redefinición estratégica, y el segundo abre una nueva etapa de colaboración.

La modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, ha sido un eje central de la nueva etapa de cooperación entre las partes, ya que abarca un conjunto amplio y multidimensional de compromisos que trascienden la liberalización arancelaria tradicional. En su dimensión comercial, el acuerdo contempla la eliminación progresiva de aranceles para la gran mayoría de los bienes industriales y agrícolas, el acceso preferencial a mercados para productos clave y la actualización de las reglas de origen, con el objetivo de facilitar la integración en cadenas de valor transatlánticas. Asimismo, dicho acuerdo incorpora disposiciones sobre facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, y obstáculos técnicos al comercio, buscando reducir costos regulatorios y armonizar estándares (Comisión Europea, 2025).

Un elemento central del Acuerdo Modernizado de 2025 es la ampliación de disciplinas más allá del comercio de bienes, incluyendo capítulos sobre comercio de servicios, inversiones, compras públicas y propiedad intelectual. En particular, la modernización de este acuerdo establece un marco más claro para la participación de empresas mexicanas y europeas en licitaciones públicas, así como mayores garantías para los inversionistas, combinadas con mecanismos de solución de controversias reformados que pretenden responder a las críticas al arbitraje tradicional (Serrano, 2022). Al mismo tiempo, el acuerdo incorpora disposiciones sobre competencia, empresas estatales y comercio digital, reflejando la creciente centralidad de la economía del conocimiento y de los flujos de datos en la gobernanza económica global, aunque estos compromisos plantean debates relevantes sobre soberanía regulatoria y capacidades institucionales, especialmente para México.

La verdadera novedad del Acuerdo Modernizado de 2025 es su arquitectura jurídica, que se distingue por cuatro particularidades institucionales novedosas: (i) la adopción del Sistema de Tribunales de Inversiones de la Unión Europea, que sustituye los 12 acuerdos bilaterales previos mediante un mecanismo permanente de dos instancias con jueces independientes, audiencias públicas y publicidad documental obligatoria; (ii) la inclusión de obligaciones vinculantes de desarrollo sostenible exigibles mediante el mecanismo de solución de controversias del propio tratado, que comprenden compromisos explícitos sobre cambio climático alineados con el Acuerdo de París, ratificación de convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, gestión sostenible de cadenas globales de suministro, y un protocolo específico que tipifica como delito penal la corrupción de funcionarios públicos y empresas; (iii) la regulación del comercio digital y el acceso no monopolizado a materias primas críticas esenciales para la transición verde y digital; y (iv) la liberalización de la contratación pública subnacional, extendiendo el acceso de empresas europeas a estados, municipios y asociaciones público-privadas, junto con la eliminación de aranceles sobre el 99 % del intercambio comercial y la actualización de reglas de origen que permiten acumulación con terceros países como Japón, Reino Unido, Vietnam y Singapur.

Ese componente normativo y político que incluye este acuerdo lo distingue de tratados comerciales de generaciones anteriores, sobre todo al integrar capítulos sobre desarrollo sostenible, derechos laborales, protección ambiental y cooperación. Estos apartados establecen compromisos en materia de cumplimiento de estándares internacionales del trabajo, lucha contra el cambio climático y promoción del desarrollo sostenible, así como mecanismos de diálogo político y cooperación técnica. Así que el acuerdo no sólo regula intercambios económicos, sino que configura un marco más amplio de relación estratégica entre las partes, cuyo impacto estará condicionado por la implementación concreta y por la capacidad de ambos actores para equilibrar su apertura económica, regulación y objetivos de desarrollo, intentando sortear las tensiones geopolíticas que actualmente tensionan la relación entre México y la Unión Europea.

4. La política de la unión europea hacia México

La relación entre la Unión Europea y México es resultado de la convergencia de intereses estratégicos de ambas partes, mediados por las dinámicas sistémicas del orden internacional. La tradición diplomática autonomista de México, caracterizada por la defensa de la soberanía, la no intervención y el multilateralismo, así como su participación activa en foros internacionales, lo convirtieron en un interlocutor confiable en un contexto global marcado por la Guerra Fría (Velázquez, 2016). En ese escenario, los países europeos buscaban diversificar sus vínculos externos y reducir su dependencia estratégica de Estados Unidos (Grabendorff, 1985), mientras que México también mostraba interés claro en atenuar su dependencia histórica y estructural respecto a Washington, explorando nuevas asociaciones políticas y económicas con actores extrahemisféricos que fortalecieran su margen de maniobra internacional.

Desde la década de 1970, México fue identificado por las entonces Comunidades Europeas como un socio singular dentro de América Latina y el Caribe, no sólo por su peso económico y demográfico, sino también por su estabilidad política relativa y su papel como economía intermedia con proyección internacional (Smith, 1998). Esta convergencia de intereses llevó a México y a la Comunidad Económica Europea a estrechar lazos diplomáticos en 1975 en un momento en el que la expansión de la política exterior y los intereses comunitarios de los europeos comenzaban a mirar hacia el Sur Global (Barbé, 2000). Los vínculos de los europeos con los países del Sur pronto se caracterizaron por una combinación de cooperación económica, diálogo político limitado y la proyección de valores occidentales. El bloque europeo se proyectó al exterior como un actor normativo, que buscaba estrechar alianzas para ampliar su margen de autonomía internacional, difundir principios asociados al multilateralismo, el Estado de derecho y la cooperación institucional, y consolidar su presencia política más allá de su entorno regional inmediato (Manners, 2002).

Para México, este acercamiento se articuló con una política exterior basada en el principio de autonomía relativa, el no alineamiento activo y la defensa del multilateralismo, lo que permitió construir una relación con Europa relativamente desideologizada y pragmática (Velázquez, 2016). Los europeos parecen haber percibido a México como un interlocutor estable y predecible, en contraste con la volatilidad política y económica de otras economías latinoamericanas y caribeñas de ese momento. Por eso, la firma del Acuerdo Marco de Cooperación de 1991 entre la entonces Comunidad Europea y México terminó por ser un primer paso hacia la institucionalización más formal de esa relación, que hasta entonces había sido fragmentaria. Este acuerdo respondió a las transformaciones estructurales profundas del sistema internacional marcado por el fin de la Guerra Fría y el avance del neoliberalismo que dio pie al regionalismo abierto favorable al surgimiento de la Unión Europea a comienzos de la década de 1990. Para la Unión Europea, México representaba una economía en proceso de liberalización compatible con el paradigma neoliberal dominante, mientras que para México, Europa ofrecía una vía de inserción internacional complementaria a su creciente integración con Estados Unidos y Canadá a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que entró en vigor en 1994 (Chacón, 1996).

Más tarde, el Acuerdo Global Unión Europea-México de 1997 convirtió a México en el primer país latinoamericano en firmar un acuerdo de asociación integral con el bloque de países europeos. Este acuerdo combinó la liberalización comercial con la cooperación económica y el diálogo político institucionalizado, además de incorporar la cláusula democrática como condición normativa central.² Desde una perspectiva liberal-institucionalista, el Acuerdo Global podría ser interpretado como un mecanismo para reducir incertidumbre, generar interdependencia y estabilizar expectativas (Keohane, 1984). La entrada en vigor del tratado de libre comercio en 2000-2001 terminó de consolidar la dimensión económica como eje material de la relación bilateral, convirtiendo a la Unión Europea en uno de los principales inversionistas extranjeros en México, particularmente en sectores estratégicos como energía, manufactura avanzada, banca y telecomunicaciones.

Sin embargo, más allá del comercio, la política de la Unión Europea hacia México se caracterizó por una creciente densificación del diálogo político, especialmente a partir de la década de 2000, cuando los temas de derechos humanos, el Estado de derecho, la seguridad y la cooperación judicial adquirieron mayor centralidad (Buzan y Wæver, 2003), reflejando la autopercepción de la Unión Europea como un “poder normativo” que busca difundir estándares internacionales a través de la cooperación y la condicionalidad suave. Esto llevó a críticas en relación con la violencia, la militarización y las violaciones de derechos humanos en México en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico, implementada desde 2006 por el gobierno mexicano y vigente con distintos matices prácticamente hasta la actualidad. Cabe decir que dicha crítica de la Unión Europea a México se articula principalmente a través de un enfoque de derechos humanos y Estado de derecho, más que como una condena explícita a una estrategia militar específica.

El pronunciamiento más contundente en este sentido ha provenido del Parlamento Europeo, cuya Resolución 2022/2580 (RSP) identificó un deterioro estructural de la seguridad y la legalidad en México, estrechamente vinculado a la violencia del crimen organizado y a la respuesta estatal frente a las bandas criminales. En este documento, el Parlamento expresó “profunda preocupación” por los altos niveles de impunidad, el asesinato sistemático de periodistas y defensores de derechos humanos, y la incapacidad de las autoridades para garantizar investigaciones efectivas, señalando que este contexto erosiona gravemente el Estado de derecho y los compromisos internacionales de México.³ La crítica de los europeos se inscribe en la normalización de la violencia, colusión entre actores estatales y criminales, uso ineficaz de las fuerzas de seguridad y debilitamiento institucional, cuestionando una lógica securitaria centrada en el uso de la fuerza sin resultados sostenibles en términos de protección de derechos fundamentales, subrayando que la violencia asociada al narcotráfico no puede abordarse al margen de reformas judiciales, combate a la corrupción y garantías de independencia institucional⁴ (Parlamento Europeo, 2022).

A pesar de ello, cabe decir que en el marco de las relaciones birregionales, México no ha dejado de ser concebido por la Unión Europea como un socio bisagra entre Europa, América Latina y América del Norte. Esta percepción se reforzó durante las cumbres Unión Europea-América Latina y posteriormente la Cumbre CELAC-Unión Europea de 2025 celebrada en Santa Marta, Colombia, donde se reafirmó el papel de México como “puente” entre el bloque europeo y América Latina y el Caribe, poniendo de relieve el papel de la diplomacia mexicana en la articulación de consensos multilaterales.⁵ Por eso, el proceso de modernización del Acuerdo Global de 2025, más que responder a cambios estructurales del sistema internacional, debe leerse como expresión de la continuidad de las relaciones históricas entre México y la Unión Europea.

5. Relación México-Unión Europea en el contexto de tensiones geopolíticas

Para comprender la importancia estratégica del acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea, se torna fundamental hacer un análisis del contexto de reajuste geopolítico que atraviesa el sistema internacional, el cual está marcado por la disputa ideológica y geoeconómica de la potencia hegemónica mundial, es decir, Estados Unidos, ante China y otras potencias emergentes. En este contexto llaman la atención los dos documentos publicados en 2025 por estas potencias, por un lado, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el autonombrado “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe (Casa Blanca, 2025) y, por otro, el nuevo documento de la Política de China hacia América Latina y el Caribe (Observatorio Política China, 2025b). Ambos documentos dan una perspectiva clara sobre la posición de las potencias en el escenario internacional, y permiten dimensionar el impacto que podría tener el recién modernizado acuerdo entre México y la Unión Europea.

En este orden de ideas, es importante destacar que tanto México como la Unión Europea se encuentran condicionados por el persistente injerencismo estadounidense, el cual, si bien ha sido una constante histórica, se ha intensificado en el contexto del declive de Estados Unidos como líder de un sistema unipolar cada vez más desgastado y del ascenso de un orden claramente multipolar. En este marco, particularmente desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, Estados Unidos ha adoptado una postura de control más rígido y una aprehensión más férrea sobre sus áreas de influencia. En su Estrategia de Seguridad Nacional el gobierno de Trump deja en claro que es con el fin de mantener su papel hegemónico, Estados Unidos no puede permitirse mantener el mismo nivel de injerencia en todas las regiones del planeta y es por eso que está llevando a cabo un repliegue de su política exterior para consolidar un control absoluto sobre el hemisferio occidental (Casa Blanca, 2025).

Aunque en primer término esto podría examinarse como un punto a favor de México (como su principal socio comercial en la región) por las políticas de relocalización geoeconómica que dicho repliegue implicaría (reshoring/nearshoring), en realidad esta estrategia es bastante clara al señalar que “El Hemisferio Occidental alberga una gran cantidad de recursos estratégicos que Estados Unidos debería desarrollar en conjunto con sus aliados regionales, para hacer que tanto los países vecinos como el nuestro sean más prósperos” (Casa Blanca, 2025). Esta aseveración, más que significar un apoyo al desarrollo regional y nacional, se traduce como la intención de mantener un modelo extractivista dentro de la región, lo cual tendría repercusiones inmediatas en México y afectaciones directas al Acuerdo Modernizado con la Unión Europea, ya que intenta acaparar por completo aquellos sectores en los cuales los países del viejo continente desean invertir.

Por eso, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 del gobierno mexicano, con la presidenta Claudia Sheinbaum, hace una lectura estratégica de ese escenario internacional en reconfiguración, a partir de un diagnóstico que sirve de base para proponer un nuevo modelo de desarrollo industrial sustentado en una mayor intervención del Estado en la economía, mediante incentivos fiscales, políticas de relocalización y acuerdos con empresas nacionales orientados a fortalecer sectores estratégicos.⁶ Esta orientación se articula con una política social más incisiva, reconociendo la posición estructural de México en el sistema internacional (Gobierno de México, 2025), y buscando al mismo tiempo implementar una política de diversificación de las relaciones comerciales con estricto apego a los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos (Presidencia de la República, 2025).

Esta tarea, que encuentra su materialización en mecanismos como el acuerdo con la Unión Europea, se torna compleja y cada vez más complicada cuando la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos establece: “Queremos que otras naciones nos vean como sus socios predilectos, y desalentaremos (a través de diversos medios) su colaboración con otros” (Casa Blanca, 2025) Bajo ese marco de acción y ante la reciente invasión al territorio venezolano por parte de los Estados Unidos en enero de 2026, para detener al presidente Nicolás Maduro, bajo supuestos cargos de narcotráfico, la inestable política de Donald Trump deja margen a que cualquier eventualidad pueda suscitarse entre México y su principal socio comercial. Así lo evidencian las reiteradas declaraciones en las que Donald Trump califica de irrelevante al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mecanismo que él mismo negoció durante su primer mandato (2017-2021) como sustituto del TLCAN, con el objetivo de profundizar la integración de las economías de América del Norte. Este acuerdo resulta fundamental para sectores clave de la economía estadounidense, como el automotriz, el agrícola y el textil (Swanson, 2025).

En ese sentido, las reiteradas alusiones a la supuesta alta presencia del narcotráfico y a sus presuntos vínculos con gobiernos de países como Colombia, Cuba o México, tal como se hizo para justificar el ataque contra Venezuela en abierta violación del derecho internacional, ponen en entredicho la posición geopolítica de cualquier gobierno latinoamericano que no desee alinearse con los planteamientos del mandatario estadounidense (Sanger, 2026). Por esto, al enfrentar este escenario, el gobierno de México, que ha buscado sostener una postura soberanista y de rechazo a cualquier posible intervención en su territorio, recurre al fortalecimiento de la relación birregional con la Unión Europea, como un paliativo ante las eventuales afectaciones derivadas de una mayor fragmentación del vínculo político y económico con los Estados Unidos, que son su principal socio comercial.⁷

Por otro lado, en el caso de Europa, la antes mencionada Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 2025, visualiza al viejo continente como un cúmulo de actores desvalidos que han perdido cualquier clase de identidad y que necesitan del apoyo estadounidense para lograr soslayar la crisis política derivada del conflicto ruso-ucraniano, así como para recuperar los “valores europeos” supuestamente diluidos por el incremento migratorio en la región. La solución estadounidense es hacer que Europa asuma la responsabilidad de su propia defensa y que se abran los mercados para dar acceso libre a los bienes y servicios estadounidenses, especialmente en cuanto a la venta de armas (Casa Blanca, 2025). Esta perspectiva no sólo reduce el papel de la Unión Europea al de un actor menor que necesita del socorro estadounidense, sino que también significaría un aumento de su dependencia hacia la potencia hegemónica arrastrándose hacia el mismo abismo al que ésta ya parece encaminarse.

La percepción de debilidad que Estados Unidos mantiene sobre Europa también ha buscado justificar el aumento de su presencia dentro del Ártico, particularmente en la isla de Groenlandia. Las ambiciones de la actual administración sobre este territorio, pese a que no se alinean con el repliegue hacia el hemisferio occidental, también se enmarcan en los planes del Corolario Trump a la Doctrina Monroe, la cual antepone los intereses del Estado estadounidense por encima de cualquier alianza, incluso la OTAN, argumentando la importancia de la isla para su seguridad nacional. En ese sentido, la Unión Europea se halla en una encrucijada en la que su principal socio comercial y militar, quien mantiene alrededor de 275 bases militares en territorio europeo, amenaza a la soberanía de sus Estados miembro y, a su vez, le obliga a adquirir más compromisos con la alianza transatlántica para aumentar su dependencia del armamento estadounidense y, por lo tanto, continuar el sometimiento político que mantiene sobre la mayor parte del continente (Debusmann, 2026; Assistant Secretary of Defense for Energy, Installations and Environment, 2026). Las fricciones se han agudizado con los ataques militares de los Estados Unidos a Irán y la negativa de los Estados europeos de participar en ese conflicto. En este escenario, el Acuerdo entre México y la Unión Europea podría ser una pequeña válvula de escape que amplía las posibilidades de los europeos frente a la volátil política de Trump, que, a pesar de todo, se mantiene como el principal socio político de ambos actores.

En contraste, el documento sobre la política de China hacia América Latina y el Caribe plantea una relación horizontal con el continente americano, promoviendo el desarrollo de la cooperación sobre la base de los principios de respeto mutuo, plena igualdad e independencia, promoviendo el intercambio a través de organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con la intención de aumentar la representación y el derecho a voz del Sur Global. En este sentido, dicha hoja de ruta también plantea la ampliación de la cooperación en la explotación y el aprovechamiento de la cadena industrial con las naciones del continente, pero es incisiva al mencionar que se hará sobre la base de “cooperación mutuamente beneficiosa y desarrollo sostenible” (Observatorio Política China, 2025).

Si bien China se ha mostrado sobre el papel como un aliado más de América Latina y el Caribe, México no podrá profundizar sus relaciones con el gigante asiático en el corto plazo debido al atroz intervencionismo estadounidense en su política doméstica, el cual se ha caracterizado (desde el regreso de Donald Trump a la presidencia) por la constante amenaza de implementación de aranceles sobre la totalidad de los bienes y servicios mexicanos, cuestión que a su vez ha provocado que México lleve a cabo una política más hostil contra el comercio con los países de Asia, dirigida particularmente a limitar la entrada de productos del gigante manufacturero. De esta manera, el Senado mexicano decidió emitir una ley que implementa aranceles de hasta el 50 % a los productos de los socios con los cuales México no ha firmado un tratado de libre comercio, en vigor a partir del primero de enero de 2026, marcando el futuro de la relación bilateral con el país asiático en el corto y mediano plazo (Observatorio Política China, 2025a).

Este proceso se inscribe en una dinámica más amplia de reconfiguración de las relaciones birregionales, evidenciada por la firma, tras casi 25 años de negociaciones, del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que crea la mayor zona de libre comercio del mundo, con alrededor de 720 millones de personas y cerca del 25 % del PIB global.⁸ Este pacto, al igual que la modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea, responde a una estrategia europea orientada a profundizar la liberalización comercial, fortalecer cadenas de valor birregionales y diversificar socios en América Latina en un contexto de creciente rivalidad sistémica entre grandes potencias. Sin embargo, ambos acuerdos han enfrentado resistencias internas significativas dentro de Europa, particularmente por parte de agricultores y ganaderos que denuncian una competencia desleal derivada de las asimetrías en estándares ambientales, sanitarios y de bienestar animal, lo cual pone de relieve los límites políticos de la apertura comercial europea y la contradicción estructural entre la promoción del libre comercio y la protección de sectores social y electoralmente sensibles (BBC News Mundo, 2026). En otras palabras, el componente geoestratégico de ambos acuerdos que se orienta a reforzar la presencia de la Unión Europea en América Latina y a reducir la influencia de China, parece imperar incluso a costa de generar conflictos sociales y asumir elevados costos políticos internos para los Estados europeos.

Así, en este escenario internacional convulso, marcado por la fragmentación política interna y externa de los Estados, debido a la reconfiguración de las fuerzas sociales y el reajuste geopolítico de los polos de poder y la intensificación de la competencia entre grandes potencias, América Latina y el Caribe se configuran como un espacio central de disputa geoeconómica. En este contexto en el que Europa aparece como un actor relativo en declive estratégico, crecientemente dependiente del respaldo estadounidense para sostener su proyección global, el Acuerdo Modernizado de 2025 emerge como una ventana de oportunidad para la Unión Europea y para México, aunque para el país latinoamericano, de menor peso económico relativo, los potenciales beneficios del acuerdo sólo podrán materializarse plenamente si se acompañan de políticas activas de fortalecimiento de la industria nacional y de tecnificación del sector agropecuario, evitando que el acuerdo reproduzca esquemas de inserción dependiente basados en la atracción pasiva de inversión extranjera directa.

6. El acuerdo global México-Unión Europea en un mundo fragmentado

Desde comienzos del siglo XXI, México ha profundizado su inserción en redes de producción globales mediante políticas de nearshoring, que han atraído inversión extranjera directa hacia su manufactura industrial, impulsadas por tensiones comerciales y de seguridad con Estados Unidos, su principal socio comercial y geopolítico, al tiempo que mantiene una relación compleja y desequilibrada con China, buscando equilibrar intereses económicos y evitar una subordinación geoeconómica unilateral (Berg et al., 2025). En este contexto, la Unión Europea se presenta como un tercer interlocutor en materia normativa y de diversificación de vínculos estratégicos (Magdin, 2025; Ruano, 2025).

Estas novedades que se presentan en el marco del Acuerdo Modernizado de 2025 se diseñaron para aumentar la competitividad y la resiliencia de cadenas de suministro entre las partes, lo cual es definido en el documento como seguridad económica y sostenibilidad. Cabe decir que esto se da en un contexto en el que el intercambio de bienes entre la Unión Europea y América Latina ha mostrado desde comienzos del siglo XXI una dinámica de crecimiento moderado pero de pérdida relativa de peso frente a actores emergentes como China que multiplicó su comercio con la región de manera espectacular, casi 34 veces, pasando de cifras de sólo unos miles de millones a más de trescientos mil millones de dólares entre 2000 y 2020, convirtiéndose en el segundo socio comercial de la región después de los Estados Unidos como se puede ver en la Gráfica 1.

Gráfica 1

Volumen del comercio de bienes (importaciones y exportaciones) de los principales socios comerciales de América Latina durante el periodo 2001-2024 (en dólares)

Las relaciones económicas de América Latina combinan tres factores. (1) Una arquitectura de acuerdos comerciales y de cooperación regional e interregional que, aunque diversa, ha buscado ganar autonomía respecto de las potencias tradicionales; (2) La creciente inserción de China, que no sólo ha incrementado de manera exponencial su intercambio con la región, sino que en años recientes ha consolidado líneas de crédito, inversión y presencia estratégica en sectores clave; y (3) la persistente primacía de Estados Unidos como principal socio comercial, inversionista y referente institucional, cuyo peso histórico continúa condicionando los márgenes de autonomía económica y diplomática de los países latinoamericanos. Estos factores determinan que la estrategia europea ya no pueda limitarse a la mera liberalización de accesos arancelarios, sino que requiere medidas activas de re-anchoring industrial (reglas de origen modernas, contenido regional, normas técnicas para nuevas industrias como la electromovilidad), instrumentos financieros para inversiones responsables y mecanismos regulatorios que integren sostenibilidad y seguridad de suministros.

Por eso, el Acuerdo Modernizado de 2025 que incorpora acceso ampliado a mercados industriales y agrícolas, reglas de origen adaptadas a nuevas cadenas (por ejemplo, vehículos eléctricos y componentes industriales), y capítulos de inversión y sostenibilidad, es paradigmática, porque funciona a la vez como intento de recuperar espacio estratégico en América del Norte y como punto de anclaje para reactivar la proyección europea en América Latina de forma más amplia. El acuerdo es un ejemplo operativo de cómo la Unión Europea pretende combinar comercio, estándares regulatorios y políticas industriales para contrarrestar pérdidas de cuota frente a China y fortalecer una asociación más equilibrada frente al predominio estadounidense en la región (Grieger, 2023). Sin embargo, a pesar de que las motivaciones estratégicas de México y de la Unión Europea convergen en puntos, divergen en prioridades. México busca explícitamente diversificar mercados y reducir la hiperdependencia respecto a Estados Unidos, una realidad cuyo peso estructural queda expresado en la magnitud del comercio bilateral con Estados Unidos, como se muestra en la Gráfica 2.

Gráfica 2

Volumen del comercio de bienes (importaciones y exportaciones) de los principales socios comerciales de México durante el periodo 2001-2024 (en dólares)

Fuente: Elaboración propia con base en el Centro de Comercio Internacional (2025).

México se mantiene como uno de los dos principales socios comerciales de los Estados Unidos, con una profunda integración productiva en sectores como el automotriz, electrónico, de dispositivos médicos y textiles. En 2024, fue el principal origen de las importaciones estadounidenses y el segundo destino de sus exportaciones. Más del 80 % de las exportaciones mexicanas se dirigieron a los Estados Unidos y más del 40 % de sus importaciones provinieron de ese país. Los principales bienes que los Estados Unidos exportan a México incluyen maquinaria eléctrica, energía, vehículos, plásticos y productos agrícolas (maíz, carne de cerdo, lácteos y soya). Por su parte, México exporta a los Estados Unidos vehículos, maquinaria, equipo médico y productos agrícolas por más de 48 mil millones de dólares (como vegetales frescos, cerveza, destilados y frutas). Por otro lado, México es uno de los principales socios comerciales de la Unión Europea en América Latina, compitiendo con Brasil, y superando por mucho a Chile, Argentina y Colombia, que también son socios importantes para los europeos en la región, tal y como se puede ver en la Gráfica 3.

Gráfica 3

Volumen del comercio de bienes (importaciones y exportaciones) de los principales socios comerciales de la Unión Europea en América Latina durante el periodo 2001-2024 (en dólares)

Fuente: Elaboración propia con base en Centro de Comercio Internacional (2025)

El comercio entre la Unión Europea y América Latina presenta una estructura asimétrica que depende de los diferentes niveles de desarrollo e industrialización. En tanto, Brasil, Argentina y Chile exportan principalmente bienes primarios, como productos agrícolas, minerales y energéticos, e importan maquinaria, equipo de transporte y productos químicos. México mantiene un patrón más diversificado y de mayor valor agregado, importando desde la Unión Europea maquinaria (28 %), productos químicos y farmacéuticos (22 %) y vehículos automotores (18 %), como se observa en la Gráfica 4.

Gráfica 4

Volumen de los principales productos importados por México desde la Unión Europea (27 países) durante el periodo 2001-2024 (en dólares)

Fuente: Elaboración propia con base en Centro de Comercio Internacional (2025)

Las exportaciones de México a la Unión Europea están compuestas principalmente por maquinaria y aparatos eléctricos (27 %), equipo de transporte (23 %) y productos químicos y minerales (15 %). Llama la atención la disminución de las exportaciones de combustibles minerales de México a la Unión Europea desde 2018, debido al cambio de las políticas internas mexicanas orientadas a la autosuficiencia energética,⁹ como se puede ver en la Gráfica 5.

Gráfica 5

Volumen de los principales productos exportados por México a la Unión Europea (27 países) durante el periodo 2001-2024 (en dólares)

Fuente: Elaboración propia con base en Centro de Comercio Internacional (2025)

México concentra cerca del 36 % del comercio total entre la Unión Europea y América Latina, lo que lo convierte en su principal socio comercial regional, y evidencia su inserción en cadenas globales de valor industriales, a diferencia del perfil primario-exportador predominante en Sudamérica. Sin embargo, el mayor volumen de comercio no es necesariamente sinónimo de una inserción efectiva en las cadenas globales de valor. A pesar de que la participación de México en las cadenas globales de valor ha aumentado significativamente, pasando de un valor agregado del 10.1 % en 1995 al 14.1 % en 2018, el valor agregado no relacionado con comercio internacional disminuyó del 80.7 % al 72.9 % en el mismo período. Esto es así porque el modelo mexicano se basa principalmente en una especie de integración hacia atrás, es decir, importación de insumos para manufactura de exportación, lo que limita la profundidad de su inserción en cadenas de valor complejas frente a economías con mayor desarrollo de comercio intra-industrial (Pérez-Santillán y Arriaga, 2024, p. 686).

En este esquema, las cadenas globales de valor operan con lógicas opuestas que reconfiguran el comercio de materiales y componentes. Con el T-MEC, México se inserta en cadenas globales de valor verticales de alta integración regional donde el comercio de partes y componentes representa el 70% del intercambio intrarregional, particularmente en sectores automotriz, aeroespacial y electrónico, mediante un esquema de “maquila” en el que la producción en proceso cruza la frontera múltiples veces (un vehículo puede atravesar 8-10 ciclos de exportación-importación antes de su ensamblaje final), generando dependencia de insumos intermedios estadounidenses y susceptibilidad a aranceles sectoriales que rompen la cadena productiva. Por el contrario, el Acuerdo Global modernizado de 2025 entre México y la Unión Europea promueve cadenas globales de valor diversificadas y sostenibles mediante un capítulo específico sobre materias primas críticas (litio, cobalto, tierras raras), que busca reducir la dependencia asiática y asegurar flujos estratégicos para la transición energética europea, mientras que la apertura de contratación pública subnacional permite que componentes europeos, no sólo ensamblados finales, compitan en proyectos de infraestructura mexicana, alterando la dinámica tradicional donde México importaba componentes principalmente de los Estados Unidos, para reexportar productos terminados.

El impulso a la modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea de 2025, por parte de actores empresariales e industriales, como cámaras, exportadores y conglomerados automotrices, junto con la voluntad política de las autoridades de ambas partes, ha contribuido a dotar al acuerdo de mayor certidumbre regulatoria y a ampliar sus posibilidades de expansión comercial (Comisión Europea, 2025). La modernización de este instrumento se distingue del T-MEC y de la actual y tensa dinámica de renegociación trilateral por la adopción del Sistema de Tribunales de Inversiones de la Unión Europea, un mecanismo permanente y de carácter supranacional para la resolución de controversias entre inversionistas y Estados. Este modelo contrasta con el esquema del T-MEC, que, si bien regula el comercio entre sus socios mediante mecanismos de solución de controversias, mantiene un enfoque menos institucionalizado en materia de arbitraje inversionista-Estado. Además, la inclusión de compromisos vinculantes en materia de desarrollo sostenible, alineados con el Acuerdo de París sobre cambio climático que Estados Unidos rechazó en 2025, así como la apertura de la contratación pública mexicana a nivel subnacional (estados y municipios) para empresas europeas, constituyen elementos distintivos adicionales del Acuerdo Global modernizado entre México y la Unión Europea.

Sin embargo, cabe decir que el acuerdo enfrentó resistencias de sindicatos, organizaciones ambientales y colectivos civiles que denunciaron falta de transparencia, riesgos a la soberanía energética y debilitamiento de normas sociales y ambientales (Transnational Institute, 2022; Grieger, 2023). En México, el debate legislativo reflejó tensiones sobre asimetrías y cláusulas que podrían afectar la capacidad estatal de regulación, mientras en Europa las asociaciones empresariales celebraron el impacto exportador del acuerdo (Senado de la República, 2017; Blenkinsop, 2025). Así que este proceso debe leerse desde la economía política crítica como un instrumento ambivalente, ya que actúa a la vez como un intento de revitalizar cierto multilateralismo contractualizado, creando reglas más finas y normas comunes que trascienden la bilateralidad tradicional, y como un mecanismo de inserción en redes de valor global dominadas por centros industriales.

Por eso, no se debe perder de vista que el Acuerdo Modernizado de 2025 es producto de negociaciones hibridas, en las que confluyen intereses empresariales transnacionales, estrategias estatales de inserción internacional y marcos normativos europeos de fuerte densidad regulatoria (Aragonés, 2025). El resultado es la introducción en dicho acuerdo de capítulos sobre desarrollo sostenible, cooperación regulatoria y cadenas de valor resilientes, lo cual refleja los intentos por compatibilizar apertura comercial con legitimidad social. Así, parafraseando la idea de los juegos de doble nivel de Robert Putnam (1988), el acuerdo debe ser comprendido como una bisagra entre la dimensión externa del multilateralismo comercial, marcada por conflictos, resistencias y disputas normativas, y la dimensión interna de la reconfiguración productiva y la política nacional, donde se juegan las posibilidades reales de autonomía, diversificación y captura de valor para ambas partes.

En el corto-mediano plazo este acuerdo puede elevar la autonomía relativa de México, diversificando sus exportaciones, mejora de reglas de origen, y atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) con las cláusulas de sustentabilidad. Esto puede ser posible porque la IED en México ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años, con flujos superiores a los US $36 mil millones anuales, dirigidos principalmente hacia la manufactura automotriz, electrónica, dispositivos médicos, energías renovables y servicios financieros. Destaca el incremento de capital proveniente de Estados Unidos, Alemania, España y Canadá, mientras que la presencia de empresas asiáticas, especialmente chinas, coreanas y japonesas se ha expandido en sectores de tecnología y electromovilidad, aunque aún son muy incipientes, como se puede ver en la Gráfica 6.

Gráfica 6

Volumen de la Inversión Extranjera Directa por actor internacional durante el periodo 2006-2023 (en millones de dólares)

*Se contempla que debido a las fluctuaciones de los Estados miembros, la Unión Europea comprende 25 países en el 2006, 27 entre 2007-2012, 28 entre 2013-2020 y nuevamente 27 a partir de 2021 con la consolidación del Brexit.

Fuente: Elaboración propia con base en CNIE, (2024) y Dussel (2025)

Pese a posicionar al bloque comunitario como el segundo mayor inversionista extranjero en el país, lo cierto es que la inversión extranjera directa (IED) de la Unión Europea en México, también revela profundas asimetrías estructurales en la distribución de beneficios, capacidades tecnológicas y patrones sectoriales que condicionan los efectos en la economía mexicana. Aproximadamente el 31.1 % de las inversiones recibidas por México entre 1999 y 2020 se concentran principalmente en manufactura, servicios financieros y energía, reflejando una especialización que favorece a capitales europeos en detrimento de una integración más equilibrada de la industria local (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2025). Además, se debe considerar que los sectores y las regiones receptoras en México no absorben homogéneamente estos flujos, evidenciando asimetrías regionales y estructurales en la capacidad para atraer y retener proyectos de IED (CEPAL, 2024b).

A nivel territorial, los estados del norte y del bajío (Nuevo León, Chihuahua, Querétaro, Guanajuato y Coahuila) concentran más del 60 % de los proyectos de IED, reflejando la integración productiva con América del Norte. Sin embargo, persisten asimetrías regionales y limitaciones estructurales en infraestructura, seguridad energética y certidumbre regulatoria que condicionan el potencial de la inversión como palanca de desarrollo equilibrado y sustentable. Es por ello que se considera importante la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, pero difícilmente podrá desarticular las jerarquías estructurales de la economía mexicana. La escala del comercio y la preeminencia estadounidense (y el crecimiento paralelo de vínculos con China y otras potencias), limitan la posibilidad de un reequilibrio radical. Las tendencias regionales muestran un crecimiento continuado del comercio de América Latina con China y con la Unión Europea, aunque el patrón dominante sigue siendo polarizado y asimétrico; la profundización de pactos como el México-Unión Europea puede abrir ventanas para agendas Sur-Norte más equitativas (transferencias tecnológicas condicionadas, cooperación en cadenas verdes, financiamiento climático y reglas de contenido local), pero esos potenciales dependen de la articulación de políticas públicas nacionales que aprovechen cláusulas de industrialización y no sólo de atracción pasiva de capital.

Desde una perspectiva crítica, las asimetrías estructurales, definidas como diferencias significativas en capacidad productiva, tecnológica e institucional entre los países inversionistas y receptores, limitan la transferencia de tecnología y los eslabonamientos productivos locales, reproduciendo patrones de dependencia y restringiendo los beneficios distributivos de la IED en contextos de desarrollo desigual, típico del capitalismo periférico¹⁰ (Amin, 1978). Así que, aunque la modernización del Acuerdo Global Unión Europea-México busca elevar la protección de inversiones y facilitar mayores flujos comerciales y de capital, estas reformas también pueden profundizar privilegios para inversionistas europeos si no se acompañan de mecanismos efectivos de desarrollo tecnológico y fortalecimiento de capacidades locales (Pérez, 2025). Dicho de otro modo, por su concentración sectorial, distribución geográfica y marcos jurídicos de protección, la IED europea en México opera más como un factor de integración asimétrica que como un instrumento de desarrollo equilibrado, lo cual pone de relieve la necesidad de políticas públicas que mitiguen estas desigualdades estructurales para que la apertura económica no reproduzca patrones de subordinación económica.

Además, los cambios políticos en América Latina y el Caribe, desde la oleada de gobiernos progresistas, a comienzos del siglo XXI, hasta la actual ola creciente de administraciones de derecha y conservadoras en países como Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, no deja de tener repercusiones geopolíticas para México y Europa. La consolidación de estos liderazgos derechistas en la región, con afinidades ideológicas hacia políticas más alineadas con Estados Unidos de Trump, reconfigura la relación entre la región y el exterior, incluidas aquellas dinámicas de cooperación con Europa, que históricamente ha promovido agendas de derechos humanos, multilateralismo y desarrollo sostenible (Debre, 2025, 06 de diciembre; Dubé, 2025, 14 de diciembre). En otras palabras, el viraje hacia la derecha disminuye los márgenes de convergencia política y normativa entre América Latina y la Unión Europea, en la medida en que varios de estos gobiernos priorizan agendas más proteccionistas, de soberanía nacional y liberalización económica selectiva, relegando compromisos multilaterales en materia ambiental, social y de derechos humanos.

La reorientación de la política regional tiende a transformar la relación con la Unión Europea en un vínculo cada vez más instrumental, centrado prioritariamente en el comercio y la inversión, antes que en la construcción de consensos normativos y políticos de largo plazo. Para México, este escenario implica un desafío doble que es mantener su papel como interlocutor estratégico y puente político entre América Latina y Europa; y, al mismo tiempo gestionar las tensiones derivadas de una región crecientemente fragmentada en términos ideológicos. En este contexto ya se observan fricciones concretas, como la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador desde 2024 por el otorgamiento de asilo a funcionarios ecuatorianos y la violación de inmunidades diplomáticas, las tensiones recientes con Perú, así como los desencuentros discursivos con el gobierno de Javier Milei en Argentina, cuyo enfoque confrontacional y alineado con agendas conservadoras ha erosionado los espacios tradicionales de concertación regional.

A ello se suma el avance de la ultraderecha en Europa, que impulsa agendas más securitarias, restrictivas en materia migratoria y menos comprometidas con el multilateralismo y la cooperación para el desarrollo (Minutti y Crivelli, 2025). Esta convergencia del giro a la derecha en América Latina y Europa se ve atravesada por tensiones geopolíticas derivadas de la reorientación estratégica de Estados Unidos bajo la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025, que desplaza la rivalidad con China hacia un plano principalmente económico y refuerza la prioridad de la hegemonía estadounidense en su hemisferio, sugiriendo una lógica de tutela sobre América Latina, el Caribe y Europa (Casa Blanca, 2025). Aunque este documento ha generado un fuerte rechazo en Bruselas y París por considerarse una injerencia en la soberanía europea, al advertir una supuesta “erosión civilizacional” (Hall et al., 2025; El País, 2025), el giro estratégico refuerza la consolidación de un bloque norteamericano centrado en los intereses America First. Esto dificulta la cooperación transatlántica y alinea a los gobiernos de América Latina y el Caribe con posturas más acordes a los intereses estratégicos de los Estados Unidos (Magdin, 2025; Ruano, 2025), como ya lo demostró la reciente Cumbre del Escudo de las Américas, una iniciativa multinacional de cooperación militar entre Washington y 11 países latinoamericanos y caribeños afines a Trump. La Unión Europea y México ahora tienen por delante el desafío de sortear las lógicas unilaterales de Washington.

7. Consideraciones finales

La modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea se configura, en el contexto del siglo XXI, como un instrumento estratégico para ambos actores en un sistema internacional fragmentado (Gereffi, 2018). Para México, el acuerdo representa una oportunidad para diversificar sus vínculos económicos y reducir su dependencia estructural respecto a Estados Unidos, que concentra el 83 % de su comercio frente al 7.8 % que mantiene con la Unión Europea, fortaleciendo su capacidad de negociación y ampliando su margen de autonomía relativa frente a presiones geopolíticas, comerciales y regulatorias crecientes (CEPAL, 2024a). El Acuerdo Global no constituye una alternativa de sustitución en términos cuantitativos, sino una vía de diversificación cualitativa hacia sectores de mayor valor agregado, tecnología verde e innovación que permita al país evolucionar desde el proveedor de mano de obra barata hacia el nodo estratégico de procesamiento de materias primas críticas para baterías y tecnologías limpias.

Para la Unión Europea, el Acuerdo Modernizado de 2025 con México se inserta en su estrategia de reforzar la resiliencia económica, asegurar suministros críticos y avanzar hacia una mayor autonomía estratégica abierta, particularmente en energías renovables, manufacturas avanzadas y tecnologías verdes, en línea con su agenda industrial y climática (Comisión Europea, 2025). Así, mientras las cadenas globales de valor tradicionales operan bajo lógicas de producción fronteriza justo-a-tiempo con alta vulnerabilidad a disrupciones, la modernización del acuerdo ofrece una alternativa de cadenas más resilientes pero menos integradas verticalmente, diversificando la matriz de importación de componentes industriales más allá de la esfera norteamericana. Esta convergencia de intereses abre un espacio de oportunidad condicionado por decisiones políticas concretas y por la capacidad estatal para orientar los beneficios del acuerdo (Ruano, 2025).

Sin embargo, el impacto real del Acuerdo Modernizado de 2025 sobre la redistribución del poder económico y productivo dependerá, en gran medida, de su articulación con políticas públicas activas orientadas al desarrollo industrial, la innovación tecnológica, el fortalecimiento fiscal y el financiamiento público-privado de sectores estratégicos. El Estado mexicano aspira, en este marco, a reducir la dependencia de importaciones, fortalecer la capacidad productiva interna y alcanzar que al menos el 50 % de la proveeduría y el consumo nacional correspondan a bienes de origen nacional, además de ampliar el empleo formal (Gobierno de México, 2025). Por eso, en ausencia de un andamiaje institucional la relación México-Unión Europea corre el riesgo de profundizar patrones de inserción subordinada en las cadenas de valor europeas, reproduciendo las asimetrías históricas en términos de transferencia tecnológica, valor agregado y capacidades productivas nacionales, como ha advertido la literatura estructuralista y neoestructuralista latinoamericana.

Asimismo, la incorporación y aplicación efectiva de salvaguardas sociales y ambientales robustas resulta central para evitar que la liberalización comercial derive en precarización laboral, desregulación ambiental o competencia a la baja entre territorios, especialmente en un contexto de transición energética y creciente presión geopolítica sobre los recursos naturales. Los capítulos de comercio y desarrollo sostenible, cooperación regulatoria y solución de controversias no son instrumentos neutros, sino expresiones de correlaciones de fuerza internas y de la capacidad de los Estados para subordinar la lógica del mercado a objetivos de desarrollo de largo plazo. Por eso, el impacto del Acuerdo Modernizado de 2025 dependerá de su implementación efectiva y de su coherente articulación con políticas industriales, tecnológicas y sociales activas. Acompañado de reformas estructurales, este instrumento podría convertirse en una palanca para una inserción internacional más autónoma, diversificada y con mayor valor agregado, reforzando al mismo tiempo la posición geopolítica de México y la Unión Europea en un sistema internacional en transformación, de lo contrario, podría reproducir dinámicas centro-periferia bajo un marco normativo renovado.